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Abortos inseguros, aumento de violaciones y embarazos adolescentes, secuelas de la pandemia en Ecuador

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Abortos insegurosaumento del embarazo en niñas y adolescentes, estados de gestación no intencionales, incremento de infecciones de transmisión sexual y mayor morbilidad y mortalidad materna serán las consecuencias a corto, mediano y largo plazo del COVID-19 en Ecuador y América Latina.

Se debe a que los servicios de salud sexual y reproductiva y el suministro gratuito de métodos anticonceptivos se han visto afectados debido al confinamiento. Además del incremento de violaciones, en especial, a niñas de entre 10 y 14 años que están o estuvieron encerradas con sus agresores.

Esta es una de las duras conclusiones del informe Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe, que se levantó con datos de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.

El análisis, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) y la Unicef, indica que entre 400.000 y 500.000 nuevos embarazos adolescentes se registrarán en 2021 en toda la región.

Federico Tobar, asesor del UNFPA, señala que el estudio posee datos para que los Gobiernos puedan concretar acciones, en especial en países como Ecuador que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente.

En el país el estado de excepción duró entre marzo y septiembre de 2020, esto imposibilitó que los adolescentes puedan acercarse a los establecimientos de salud pública para recibir anticonceptivos y preservativos, y, además, enfrentaron mayores situaciones de violencia sexual.

En 2020 el número de atenciones en salud sexual y reproductiva en adolescentes de 10 a 14 años se redujo el 37,56 % y el 23,61 % en jóvenes de 15 a 19 años en comparación con 2019, según cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Alba, de 16 años, tiene seis meses de embarazo. Vive en el sur de Guayaquil. Por problemas con su mamá decidió ir a vivir a la casa de su novio en abril pasado. Afirma que “no deseó” embarazarse y que su novio usaba condón cuando tenían relaciones sexuales.

Los preservativos los retiraba su pareja en un dispensario público. Sin embargo, con las restricciones y el miedo a contagiarse dejó de ir y ella empezó a aplicar el método del ritmo, pero falló. Alba ni su novio, de 17 años, trabajan. Viven de lo que sus suegros “puedan darles”.

Recién hace tres meses fue a un chequeo por su embarazo. Ella forma parte de las 54.370 primeras consultas de control prenatal que realizó el MSP a jóvenes de entre 15 y 19 años entre enero y octubre de este año. Además, se realizaron 3.390 consultas de este tipo a niñas de entre 10 y 14 años.

Aunque esta cifra muestra una reducción del 22 % en comparación con 2019, no se puede hablar de una disminución del embarazo adolescente.

“(La cifra) pudo verse afectada por las medidas de confinamiento y el temor que aún existe de acceder a los servicios de salud por miedo al contagio del COVID-19, adicionalmente los miedos propios del embarazo en este grupo etario, como el miedo a ser juzgadas y a reportar casos de violencia sexual”, afirma el MSP.

El 7,5 % de embarazos en menores de 15 años termina en aborto en Ecuador, siendo la cifra más elevada dentro de un grupo de mujeres de hasta 24 años. Esto implica que la probabilidad de que las mujeres atraviesen un aborto es mayor si son menores de 15 años, señala la UNFPA. Los embarazos en niñas de entre 10 y 14 años se dan por violaciones.

Las consecuencias derivadas de la pandemia también pueden incrementar este indicador. Además, existe un aumento importante de la mortalidad materna en este 2020, asegura Joaquín González, jefe de la oficina de la Unicef en Ecuador.

Para revertir todas estas cifras negativas el Estado debe invertir en más educación y servicios de salud sexual y reproductiva, afirma González. Añade que la tasa de embarazo adolescente la han conocido los diferentes gobiernos del país, pero que no ha habido la voluntad política para “poner toda la carne en el asador” y frenar la problemática.

Además, se necesita un sistema judicial que realmente castigue a los violadores y que no revictimice a la niña o adolescente. Unicef trabaja para mejorar los protocolos para las víctimas de abuso en el país.

El MSP reactivó, en octubre, el Proyecto de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes a escala nacional. También espera terminar el año con el 65 % de establecimientos de salud de primer nivel calificados como servicios de atención integral y amigables para adolescentes, y sigue con la entrega de anticonceptivos, incluida la píldora de emergencia.

El informe busca decirles a todos los Gobiernos que hagan algo, ya que el problema para 2021 será mayor, y si lo están haciendo, que incrementen los esfuerzos”, dice González. (I)

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